Decenas de jueces marcharon hasta el edificio de la Suprema Corte de Justicia, en el Centro de los Héroes, en repudio a las resoluciones que ordenan la destitución de dos magistrados de Santiago, por alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Alegan que los destituidos Luisa Rosa García y Gabriel Marchena Adames actuaron en el ejercicio de sus funciones, con apego a la ley, la cual interpretaron conforme los criterios que en su momento entendieron correctos, lo que, según afirman, se percibe en las resoluciones 10-2012 y 20-2012, del 25 y del 30 de octubre de 2012, respectivamente. Dijeron que, aunque las decisiones adoptadas por los jueces destituidos son legales, no fueron del gusto de la sociedad ni de la Fiscalía del Distrito Judicial de Santiago, que obvió los mecanismos para atacar las decisiones de los jueces e inició un proceso disciplinario contra éstos para “intimidar a los juzgadores y las juzgadoras de nuestro país y, eventualmente, en casos similares hacer prevalecer sus criterios”, sostuvieron.
Lamentaron que el órgano llamado a juzgar con la imparcialidad y justeza a sus pares, acogiera la solicitud del Ministerio Público y removiera de sus funciones a los dos jueces.
Con togas, birretes y un documento en mano, los jueces alegaban que las medidas disciplinarias que se tomaron son "injustas, desproporcionadas, arbitrarias” y que "establecen un nefasto precedente que atenta contra la independencia judicial” que tanto ha costado construir.
Insistieron en que resulta peligroso que la apreciación negativa de la sociedad de una decisión jurisdiccional se asuma como válido para sustentar una destitución, ya que los jueces trabajarían con miedo en base el funesto precedente que significan estos casos y no actuarían con la independencia e imparcialidad con la que están obligados.
Recalcaron que apoyan las sanciones del Consejo del Poder Judicial a todos los que deshonren la función de juez, pero que no aceptan que las atribuciones disciplinarias sean desnaturalizadas para que, a través de ese mecanismo, un juez sea sancionado por sus criterios jurídicos, ya que eso violentaría la independencia judicial.
Los protestantes depositaron el documento en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia poco después de las 4:00 de la tarde y se declararon en vigilia permanente para ofrecer su apoyo "irrestricto a los magistrados sancionados" ante lo que calificaron de una "regresión en la conquista de la independencia judicial".
Insistieron que los acompañarán en los procesos disciplinarios en las instancias nacionales e internacionales, en caso de ser necesario.
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La magistrada Luisa Rosa García Polanco, Jueza de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de Santiago, en función de jueza de atención permanente del Distrito Judicial de Santiago, declaró inadmisible siete medidas de coerción, bajo el alegato de la falta recurrente de presentación de pruebas por parte del Ministerio Público. En tanto, Gabriel Marchena Adames, juez de Paz de Villa Bisonó, también actuando como juez de atención permanente del Distrito Judicial de Santiago, impuso una fianza, presentación periódica semanal e impedimento de salida, como medidas coercitivas y argumentó que forman parte de las opciones que le ofrece el Código Procesal Penal al juzgador.
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