La Cámara de Diputados aprobó ayer, de urgencia y en dos lecturas, el proyecto de ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito, que propone sanciones penales y destitución a las personas que no informe de sus bienes al asumir un cargo público.La iniciativa pasa de nuevo al Senado para su estudio y ponderación, luego de los diputados introducir modificaciones a la pieza legislativa, acogida durante una sesión que duró seis horas.
El titular de la Cámara Baja, Abel Martínez, destacó que por primera vez en la historia el 100% por ciento de su matrícula cumple con su declaración jurada de bienes, cumpliendo así con el mandato de ley.
La pieza establece que si se comprueba alguna falsedad o dolo en una declaración jurada de patrimonio o en los documentos que la sustentan, el organismo responsable de investigación podrá usar dicha documentación como elementos de prueba ante el órgano jurisdiccional correspondiente.
Además, comunicará dicho hallazgo al superior jerárquico del funcionario público. Cuando el funcionario público no obtempere a dicho requerimiento en la forma y los plazos establecidos por esta ley, o cuando no justifica su falta de presentación, la declaración se reporta como no depositada con todas las consecuencias que prevé la ley.
En cualquier caso, la Cámara de Cuentas de República Dominicana comunicará el hecho a la Procuraduría General de la República.
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