La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), emitió un comunicado que considera como inexistente la seguridad pública en el país, debido al progresivo deterioro en derechos humanos.
Al conmemorarse el 64 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la entidad destaca que más de 290 personas han perdido la vida en este año a manos de agentes policiales y más de 14 mil denuncias de atracos y robos se han registrado en las fiscalías barriales, en las cuales las víctimas han afirmado que en al menos un 7% han participado agentes policiales, personas vestidas de policías, o que se hacían pasar por agentes del orden.
En tal sentido agregan que diversas instituciones sociales estiman que ha habido un incremento en la tasa de homicidios en este año, situándolos por encima de los 1,800, mientras que la Procuraduría General de la República registra hasta el mes de agosto 1,432 personas muertas en acciones violentas, entre ellas 136 con “acción policial.
“El país ocupa uno de los primeros cinco lugares en el mundo con mayores tasas de mujeres asesinadas por sus parejas, alcanzando hasta el mes de noviembre de este año la cifra de 168 casos registrados”, dice el comunicado.
De su lado el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, deploró el asesinato la semana pasada por manos de agentes policiales de tres de seis presuntos integrantes de una banda en Cambita Garavito, en San Cristóbal, quienes se dedicaban a robar motores en la zona.
Pero además Mercedes exigió a las autoridades competentes la destitución del diputado del Movimiento de Izquierda Unida (MIU), Luisín Jiménez, tras encabezar junto a otros diputados la petición al jefe de la Policía, Mayor general José Armando Polanco Gómez, de que tengan "mano dura" y que "le den pa' bajo" a los delincuentes.
Argumentó que la labor de Mejía como “legislador no grato”, que no cumple con sus funciones, y opinó que con esa sugerencia lo que ha hecho es incentivar más el incremento de la violencia y la delincuencia. “La Constitución prohíbe la pena de muerte”, recordó Mercedes.
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