La Superintendencia de Bancos (SB) alertó ayer al Congreso de la República que los salarios de esa entidad descentralizada del Estado se rigen por la Ley Monetaria y Financiera, que en su artículo 6, establece que los sueldos, incentivos y compensaciones de sus servidores responden a estándares del mercado local y a criterios de mérito, capacidad y transparencia. Según la entidad, esto es lo que garantiza que impere la imparcialidad y la independencia en sus servidores, “sustentados en evaluaciones de desempeño realizadas periódicamente, práctica no muy común en nuestro sector público”.
Indica que producto de ese esfuerzo la solvencia de las entidades del sistema está en 18%, cuando la regulación establece 10% como mínimo; la morosidad de la cartera de créditos es de 3.4%, las provisiones son de 105.1% de la cartera vencida y la liquidez de RD$180,000 millones.
Cita también, entre otros resultados del esfuerzo compartido de la regulación, supervisión y buenas prácticas bancarias, el hecho de haber logrado preservar la calidad técnica y ética de los miembros de la institución.
Indica, asimismo, que se había mantenido al margen del debate de la Ley de Salarios, fijando su posición en el Senado y la comisión que estudió el proyecto de ley, porque no aspira a privilegios, sino a conservar los derechos adquiridos de todos los servidores públicos que la componen desde los 65 años de su existencia.
Defensa
Entiende que sus derechos no deben ser desconocidos, debido el organismo público no se financia con recursos del presupuesto de la nación, sino de los activos del sistema financiero y cambiario del país, por lo que no representa una carga fiscal para el gobierno. Indica que su responsabilidad radica en la regulación del sector financiero, lo cual los obliga a contribuir con la salud de la estabilidad monetaria y financiera.
Entiende que sus derechos no deben ser desconocidos, debido el organismo público no se financia con recursos del presupuesto de la nación, sino de los activos del sistema financiero y cambiario del país, por lo que no representa una carga fiscal para el gobierno. Indica que su responsabilidad radica en la regulación del sector financiero, lo cual los obliga a contribuir con la salud de la estabilidad monetaria y financiera.
De igual modo, señala la inobservancia de la Constitución de la República en sus artículos 140, 141, 142, 143, 144, 223 y 232, , así como en el artículo 5 de la Ley Monetaria y Financiera, que dice la administración monetaria y financiera la compone la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, “siendo la Junta Monetaria el órgano superior de ambas entidades”.
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